López Obrador termina el 2019 con un repunte en su popularidad producto de la captura de García Luna y del anuncio del incremento al salario mínimo. Después de la pérdida de nueve puntos netos por el “Culiacanazo”, se revierte la caída y tiene una mejora de seis puntos netos en sus niveles de popularidad (gráfica 1). AMLO es un político que entiende a la opinión pública y sabe desviar las críticas cuando existen crisis de gobierno, eventos como: la matanza de Minatitlán, la tragedia de Tlahuelilpan, el desabasto de medicinas, la liberación del hijo del Chapo o la exoneración de Barlett no tuvieron un impacto significativo en sus niveles de aprobación que le permitió terminar su primer año como el presidente más querido de los últimos cuatro sexenios. AMLO tiene varios recursos para administrar su popularidad para que cuando surjan crisis como la del sistema de salud se desvíe el debate público a temas de su propia agenda: A) se culpa de la ineficiencia al desempeño de administraciones pasadas, B) se atribuye la resistencia al cambio a grupos que ven afectados sus intereses, C) se enfoca en la narrativa de que sus acciones son para el bienestar de la población más que para pequeños grupos de poder, D) se dan a conocer pesquisas sobre actores públicos que probablemente estén asociados a actos ilícitos aún sin contar con resoluciones judiciales o E) simplemente se suben a la agenda otros temas que desvíen el debate público. Esta forma de gobernar divide y polariza a la población entre aquellos segmentos más informados que están convencidos de que el gobierno comete muchos errores, de la población mayoritaria y menos informada que creen que grupos minoritarios se oponen porque están perdiendo sus privilegios.
Fuente: Reforma, El Financiero, El Universal, Enkoll, Parametría, Buendía, Demotecnia, Giii360, GEA-ISA, BGC, GCE, Varela y Asociados, Olivares Plata, Delphos.
A López Obrador le urge consolidar su Cuarta Transformación, por lo que buscar realizar los cambios en el poder legislativo. El grupo parlamentario en el poder busca impulsar cambios en el próximo periodo de sesiones que consoliden su proyecto de gobierno: debilitar a los partidos de oposición recortándoles el financiamiento público; elevar a rango constitucional el derecho a sus programas sociales para asegurar que perduren por varios sexenios; aumentar el control de los órganos autónomos nombrando consejeros a modo, el Congreso deberá nombrar 14 vacantes, (4 en el INE, 2 en el INAI, 2 en la CNH, 1 en COFECE, 1 en IFT, 1 en CRE y 3 magistrados en materia de combate a la corrupción); eliminar el fuero presidencial que fue una promesa de campaña y una profunda reforma judicial que renueve todo el sistema de impartición de justicia; la ley para regular el outsourcing no está dentro de sus planes. Para AMLO es fundamental seguir destruyendo el modelo neoliberal y, a su vez construir el nuevo andamiaje institucional que de sustento a su Cuarta Transformación. La oposición no está dispuesta a ceder en los temas de financiamiento público porque les recortaría la única fuente de ingresos legal para enfrentar el gobierno de Morena ni en subir a rango Constitucional sus programas sociales que por el sistema de partidos sería difícil revertir en futuros gobiernos. La reforma al sistema de justicia que iba a ser presentada esta semana fue pospuesta hasta el primero de febrero por no existir acuerdos entre secretarías ni con el poder Judicial, para AMLO es fundamental una profunda reforma que limpie el desprestigio que tiene el poder judicial y el sistema de impartición de justicia.
Se dieron a conocer las cifras del vigésimo sexto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del trimestre que abarca septiembre a diciembre del 2019 y que se realiza a 84 ciudades del país. Los resultados muestran un incremento en la percepción de inseguridad al pasar de 71.3% a 72.9% el porcentaje de personas mayores de 18 años que considera que vivir en su ciudad es inseguro. Además, las expectativas de que la inseguridad seguirá igual de mala o empeorará en los próximos años aumentó al pasar de 59.4% a 62.5% comparada con el trimestre anterior.
Fue pospuesta hasta el 1ero de febrero, cuando inicie el segundo periodo del segundo año del Congreso de la Unión la presentación de la iniciativa de reforma al sistema de procuración de justicia.