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  • Carlo Varela

Temas del 15 al 19 de Agosto 2022

Carlo Varela @varelacarlo


Actos violentos en varios estados del país muestran una escalada que no se había visto en este sexenio. La semana pasada ocurrieron hechos violentos en varias entidades del país. En Jalisco el ejército irrumpió en un cónclave de jefes del cartel Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que llevó a que sus sicarios incendiaran tiendas de convivencia y quemaran unidades de transporte en varios municipios de Jalisco y Guanajuato para que sus jefes pudieran escapar. En Juárez una purga entre pandillas llevó a que una de ellas denominada Mexicles detonaran una ola de violencia para calentar la plaza, dispararan contra la población, asesinaron a nueve personas, hirieron a más de 15 personas, incendiaran negocios y quemaron vehículos y, por último, en los principales municipios de Baja California integrantes del CJNG incendiaron 19 unidades de transporte para exigir que empresas pagaran el derecho de piso. Tal vez estos eventos sean similares como los ocurridos en Ciudad Juárez durante el sexenio de Calderón o en Jalisco con Peña Nieto, pero tienen diferencias importantes: a) ahora fueron en varios estados del país y quince municipios fueron afectados e, b) Incendiaron varios negocios y tiendas de convivencia (más de 30 establecimientos). En ocasiones anteriores se limitaban a una sola entidad federativa o algún municipio y a la quema de vehículos y unidades de transporte para entorpecer el acceso de policías y permitir que huyeran sus líderes, pero no a la quema de establecimientos. El hecho más lamentable fue el de Ciudad Juárez donde en diversas ocasiones dispararon contra la población y el asesinato de nueve civiles y varios heridos, lo que llevó a un debate si estos eventos deben o no ser clasificados como narco terrorismo.

Aunque estos actos no reflejan una acción coordinada del crimen organizado en contra del gobierno federal sí reflejan la incapacidad de las instituciones de seguridad para hacer frente a esta ola de violencia. Los hechos respondieron a diferentes coyunturas sin que estuvieran concatenadas entre ellos, en Jalisco y Guanajuato los eventos se desencadenaron por una posible captura de jefes del CJNG, en Chihuahua una lucha entre pandillas y en Baja California una demanda de pago por extorsiones a empresas. Estas acciones no fueron parte de una acción concertada para desestabilizar al gobierno, pero si presentan características similares como es la impunidad en la que operan, salen a las calles, incendian negocios, queman vehículos e inclusive llegan a disparar a la población indefensa sin que haya una respuesta efectiva del gobierno. El gobierno logró detener solamente a 18 personas, pero mientras ocurrieron los actos, las autoridades de seguridad se mostraron omisas. La débil y tardía reacción del Estado permitió a los grupos criminarles someter tanto a la población como a las instituciones de seguridad para sembrar el caos en la sociedad por varias horas.

A pesar de la escala de violencia. AMLO decide no cambiar su política contra el crimen organizado. Paramuchos analistas los eventos violentos de la semana pasada muestran el fracaso de la estrategia del presidente por combatir al crimen organizado: grupos criminales sembrando el temor entre la población, matando gente inocente, quemando negocios y camiones, aún así López Obrador minimizó lo eventos, considera que todo es mediático y que son hechos aislados, inclusive el secretario de Gobernación y de Defensa expresaron que estos ataques significaban que la estrategia del gobierno estaba funcionando y por ello el crimen organizado se mostraba desesperado. Para López Obrador el combate frontal al crimen organizado solo genera más violencia y que la estrategia para combatirlo es combatir la pobreza, el desempleo, la desintegración familiar y la atención a los jóvenes, sin embargo, estas acciones pueden tener efectos en el largo plazo y aún así no está comprobada su efectividad, por lo que se prevé que acciones como las de la semana pasada puedan seguir ocurriendo en los próximos meses.

López Obrador mantiene la lealtad como la principal cualidad para ser parte del gabinete. La nueva secretaria de Educación Pública muestra poca capacidad y experiencia para conducir la política educativa del gobierno. Delfina Gómez fue nombrada candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, López Obrador nombró a Leticia Ramírez como la nueva encargada del despacho. Leticia se graduó como maestra en 1984 y ejerció por 12 años como maestra de educación básica y colabora con el presidente desde hace 28 años Ha ocupado cargos dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ya que fue electa dirigente de la sección 9 y ha ocupado también cargos en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Trabajó con López Obrador cuando Jefe de Gobierno en la Ciudad de México (2000-2006) como directora de Atención Ciudadana cargo que repite en la actual presidencia. Su trabajo con el presidente ha consistido básicamente en recabar y sistematizar las peticiones que la población le hace llegar, pero se ha mantenido alejada de las políticas educativas desde hace más de dos décadas. Su pasó por la SEP en estos dos últimos años de gobierno será el de tratar de implementar el reciente modelo educativo que la SEP ha puesto a prueba un programa piloto de un nuevo plan de estudios en mil escuelas del país. La SNTE y la CNTE no rechazaron el nombramiento y aceptaron seguir dialogando con la nueva secretaria del ramo.


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