• Carlo Varela

Temas al 30 de Enero de 2020

Resultan incomprensibles los datos presentados por el INEGI y el SNSP sobre los homicidios dolosos ocurridos en el primer semestre del 2019, la discrepancia puede ser por la forma en la que recopilan la información. El INEGI reportó que 17,198 personas fueron asesinadas en el primer semestre del 2019, que representa una tasa anualizada de 27.2 homicidios por cada 100 mil habitantes (hxc100h) que es una cifra 4.2 por ciento menor al 28.4 hxc100h del 2018. Mientras que, para el mismo periodo de tiempo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 17,629 homicidios dolosos que arrojó una tasa anualizada de 27.9 hxc100h y que comparado con el año anterior muestra un avance de la violencia en 4.4% ya que en 2018 fue de 26.7 hxc100h (gráfica 1). La discrepancia entre estas dos cifras puede ser por la forma en la que recolectan la información, para el INEGI la información proviene directamente de las actas de defunción que emiten los Servicios Médicos Forenses para las muertes accidentales y violentas, además de las actas de defunción del registro civil completada con los datos estadísticos de las Agencias del Ministerio Público, mientras que el SNSP contabiliza las víctimas registradas en carpetas de investigación reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas. Ambas metodologías fueron modificadas en 2015 por lo que sí hubiera cambios se hubiera notado en otros años. El INEGI es una institución independiente que ha resistido diferentes cambios de gobierno y sus cifras inclusive contradicen los deseos y propósitos del gobierno en turno, no obstante, ante el incremento del 47% en el número de ejecutados reportados por Reforma y Milenio y los datos proporcionados por el SNSP para ese mismo periodo de tiempo uno esperaba que las cifras dadas a conocer por el INEGI mostrasen una cifra más alta que el 2018 y mantuviera la distancia entre estas dos fuentes de los últimos cuatro años. Aunque a las cifras mantienen un alto nivel de homicidios durante 2019, quedar por debajo o arriba del 2018 para el gobierno de López Obrador hace una gran diferencia en la narrativa del actual gobierno, ya que, utilizando los datos del INEGI, AMLO puede decir que su estrategia para disminuir los niveles de inseguridad está funcionado al bajar 4.2% el número de homicidios mientras que los datos del SNSP de un incremento de 4.4% sugiere la narrativa contraria de que la estrategia de AMLO para contener la violencia no ha tenido éxito. Otra dudo que suscitó el comunicado del INEGI es que menciona que a pesar de que en el primer semestre del 2019 hubo menos homicidios en el primer semestre de 2018 y que a tasa de cien mil habitantes la diferencia es mayor por el crecimiento poblacional y aunque es evidente que hubo un menor número de homicidios el INEGI reportó que las tasas eran iguales porque redondeo las cifras en 2018 fue 14.2 y en 2019 fue 13.6, lo cuál es raro para una institución estadística que está acostumbrada a reportar con decimales (cifras del PIB), que gráficamente se observa una caída y que en términos relativos si hay una gran diferencia.


Fuente: INEGI, SNSP, Reforma, Milenio y CONAPO.

Morena entrampado enfrenta a una crisis que podría detonar su liderazgo y cambiar la correlación de fuerzas a su interior, AMLO manifiesta estar fuera de la discusión pero su silencio podría ser un apoyo tácito al grupo disidente. Desde hace un año dos grupos se han enfrentado por su liderazgo, la actual Secretaria General del partido con funciones de presidenta Yeidckol Polenvsky y por el otro a Bertha Luján presidenta del Consejo Nacional junto con Héctor Díaz-Polanco presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia. Estos desencuentros llevaron a una lucha por ganar el proceso de renovación de Asambleas distritales donde se elegirían delegados a su Congreso Nacional máximo órgano de dirección encargado de la renovación de la presidencia y a los presidentes estatales de Morena. Este conflicto llevó a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anulara la renovación de las asambleas distritales por considerar que el padrón que se utilizó estaba viciado, además de que no se alcanzó el quorum requerido para realizar el Congreso Nacional convocada para el 30 de noviembre del 2019. El artículo 24 de los estatutos faculta al Consejo Ejecutivo Nacional para realizar la convocatoria, pero el artículo 34 permite al Consejo Nacional permite realizar un congreso extraordinario siempre y cuando se tenga por escrito la aprobación de la mayoría de los consejeros, por lo que Bertha Luján lo convocó con el apoyo de 67% de los consejeros estatales y 56% de los consejeros nacionales, el pasado domingo para decidir si Polenvsky debía o no continuar como presidenta del partido. El resultado fue retirarla como presidente y dejarla como Secretaría General y en su lugar se nombró al diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar que se encargará de llevar a cabo la renovación de la dirigencia nacional en los próximos meses. Polenvsky impugnó la resolución del Congreso por considerar que fue convocado de una manera ilegal y que la figura de presidente interino no existe en sus estatutos. Por la jurisprudencia existente es probable que el TEPJF le dé la razón devolviéndole sus facultades, pero es difícil determinar cuándo emitirán la sentencia y cuál será su decisión, porque inclusive los grupos parlamentarios de Morena en la Cámara de Senadores y de Diputados prefirieron no invitar a ninguno de los dos presidentes a sus reuniones plenarias dado que no cuentan con certeza de quién puede quedar como presidente. Esto debilita la presidencia de Polenvsky que se ha ido quedando sola porque la Convocatoria fue firmada precisamente por la mayoría de los consejeros estatales y nacionales, además de que los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, ni figuras emblemáticas del partido, gobernadores, ni López Obrador ha salido en su defensa cuando parece que fue una “chicanada” de Bertha Luján para arrebatarle la presidencia del partido. Esta crisis muy probablemente pegará en la imagen de Morena dado que reproduce viejos vicios del PRD donde eran constantes los conflictos internos por el poder que llevó a que tres de las últimas cuatro renovaciones de su dirigencia terminaron siendo anuladas por el Tribunal Electoral y llevó a divisiones internas y a una imagen de conflictivos y peleoneros que le costó en su imagen y en su identidad partidista, así como a pleitos internos en los estados entre corrientes por hacerse del poder. Yeidckol ha trabajado dos años como presidenta lo que le ha valido consensar candidatos y aunque tuvo su partido tuvo el mejor desempeño electoral en 2018 y ganó dos gubernaturas más, al año siguiente su desempeño partidista del 2019 en general fue malo y parece que hay una corriente mayoritaria que le gustaría que dejara el partido, además la gota que derramó el vaso y que molestó a muchos simpatizantes, fue la renuncia voluntaria al 75% de prerrogativas cuando el Consejo Nacional había acordado reducir solo 50%. Esto mete fuerte presión a las finanzas nacionales y estatales para resolver su operación y tal parece que Yeidckol solo lo hizo para granjearse las simpatías de AMLO, pero parece que su recorte fue exagerado. El grupo que está detrás de Luján es el de Claudia Sheimbaun y el de Beatriz Gutiérrez esposa de AMLO ya que Ramírez Cuellar fue la que la llevó a trabajar con AMLO en la CDMX y es considerado muy cercano a Sheimbaum por lo que cuenta con el beneplácito de AMLO ya que el próximo presidente del partido no sólo se encargará de consensar a los candidatos de Morena rumbo al 2021 sino de llevar a cabo el proceso de sucesión presidencial, donde al parecer este movimiento favorecería a Sheimbaum sobre Ebrard y Monreal.

El presidente López Obrador presentó el Gabinete para el Crecimiento Económico que será dirigido por Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia, coordinará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía, Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Energía. Buscará fomentar las inversiones y el crecimiento económico en el país. Estarán a cargo de supervisar el Tren Maya y los proyectos del acuerdo nacional de infraestructura, presentados el 26 de noviembre y los 137 proyectos que serán presentados en febrero, con un valor de entre 95 y 100 mil millones de dólares.