• Carlo Varela

Temas al 19 de Octubre de 2019

Una de las semanas más violentas en el gobierno de AMLO, masacre de policías en Michoacán, masacre de delincuentes en Guerrero y un operativo fallido para capturar al hijo del Chapo echan abajo su triunfalismo de que la inseguridad alcanzó un punto de inflexión, se espera una mayor violencia en los próximos meses. AMLO comenzó la semana presumiendo que la violencia estaba contenida y con ello lograba una meta de campaña de bajar los índices delictivos en el primer año de gobierno, para ello mostró el índice de letalidad que era el más bajo en diez años (pero estaba mal calculado y por al contrario contradice sus datos), y que los homicidios mostraban la menor tasa de crecimiento de los últimos cuatro años (aunque también estaba mal calculado porque no toman en cuenta feminicidios y al final de cuenta sigue creciendo), pero tres hechos violentos mostraron lo realidad un incremento en la violencia, a) en Aguililla, Michoacán 13 policías estatales fueron masacrados en una emboscada por sicarios del Cartel de Jalisco Nueva Generación, al día siguiente en Iguala, Guerrero un enfrentamiento entre militares y criminales del Cartel de Guerreros Unidos dejó 14 presuntos sicarios y un militar muertos y según el testimonio del Ejército el militar que falleció fue el que mató a los catorce sicarios lo que hace pensar en un acto como el de Tlatlaya del 2014, el último acontecimiento se dio el jueves cuando un operativo para detener al hijo del Chapo que llevó a la reacción de la delincuencia, cerrando carreteras, incendiando coches y repelando directamente al ejército, lo que provocó que los militares dejaron ir al hijo del Chapo para evitar según ellos una masacre de civiles. AMLO ha insistido que su estrategia para disminuir la violencia en el país es no enfrentar al crimen organizado,

Alfonso Durazo Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana presentó el lunes datos sobre los avances que ha tenido el gobierno de la 4T en materia de inseguridad. Comenzó explicando como el 2018 fue uno de los años más violentos de México con información de la ENVIPE-INEGI y de Transparencia Internacional para demostrar que les habían dejado un país con fuertes problemas de inseguridad y corrupción y de la estrategia que ellos han utilizado para cumplir con su compromiso de detener el crecimiento en el primer año de gobierno. Mostró que su estrategia está sustentada en la paz y tranquilidad como fruto de la justicia. Para ello crearon la Guardia Nacional con un despliegue de 140 mil elementos para 2021 donde, además, se busca homologar el salario de las policías y reformaron las leyes para que más delitos merecieran prisión preventiva, se aprobó la Ley de Extinción de Dominio que devuelve al pueblo lo robado y combate frontal a la corrupción y combate al crimen organizado al bloquear sus recursos económicos. Implementaron de manera simultánea una política social sin precedentes. Así lograron su objetivo al disminuir la percepción de la inseguridad para el primer año de gobierno ya que para el periodo de diciembre 2018 agosto 2019 comparado con el mismo periodo del año anterior el robo total bajó 2%, el robo en casa habitación 1.6%, robo de vehículos 10%, robo en transeúnte en vía pública 5% y el número de homicidios sólo creció 0.4% que es el menor crecimiento para un mismo periodo en los últimos cuatro años y 41% está concentrado en cinco estados y en pocos municipios. Sin embargo, la presentación de sus resultados fue parcial dejando de lado los delitos donde tuvieron un crecimiento importante como el de feminicidios que reportó un incremento de 20%, secuestros 15%, robos con violencia 2.5%, robo en transporte público 15%, robo a institución bancaria 8.5%, robo a negocio 8%, fraudes 13% y extorsiones 35%. Por otro lado, los homicidios dolosos no crecieron 0.4% sino 4%. Por otro lado, si bien los homicidios dolosos están concentrados en pocos estados más de la mitad presenta un nivel mayor al promedio latinoamericano de homicidios por cada cien mil habitantes.

El índice de letalidad que presentó el ejército para decir que ahora existen menos muertos en los enfrentamientos entre el ejército y el crimen organizado está mal calculado porque ellos lo presentaron restando el número de heridos y detenidos al de muertos lo que les dio un índice de letalidad de -88 cuando debe ser una división del número de muertos entre el número de heridos que es 3.6 que indica que hay más muertos que heridos y se mantiene en niveles similares al de los últimos cuatro años.

Tampoco se habló de que prácticamente en este sexenio se han dejado de destruir e incautar sembradíos de marihuana, amapola y cocaína, en 2019 han sido erradicadas 22% menos de cultivos de amapola, las incautaciones de heroína cayeron 76%; metanfetaminas 70%; aseguramiento de marihuana 51% y de cocaína 25%. Es decir, el gobierno deja que transite libremente más las drogas. Esta caída está sustentada en la política de AMLO de acabar con la guerra contra el narcotráfico y conseguir la paz sin enfrentar al crimen organizado.



Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública


La cámara de diputados aprobó por 318 votos a favor y 121 en contra, las reformas que tipificarán la generación, compra, expedición y adquisición de facturas falsas como delincuencia organizada. Estas reformas buscan que tanto la facturación falsa como la defraudación fiscal sean consideradas como delitos de prisión preventiva oficiosa.

En el Senado se aprobó por 98 votos a favor y 22 en contra el dictamen de revocación de mandato y consulta popular. La revocación será convocada por el INE a petición de los ciudadanos de, al menos 3% de los inscritos en el listado nominal de electores, se podrá pedir durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional y para que el ejercicio sea válido tendrá que participar, por lo menos 40% del listado nominal de electores, en caso de que se revoque el mando del presidente, asumirá la titularidad quien ocupe la presidencia del Congreso. La Consulta Popular podrá ser convocada por los ciudadanos, el residente y una tercera parte de cualquiera de las dos Cámaras. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Las consultas populares convocadas se realizarán el primer domingo de agosto y para que sea vinculante tendrá que participar 40% del listado nominal. Regresará a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.

El gobierno comenzó la construcción del aeropuerto internacional de Santa Lucia con una inversión de 75 mil millones de pesos y propuso que esté listo para el 21 de marzo del 2022.

En un operativo fallido por capturar al hijo del líder narcotraficante Chapo Guzmán, fuerzas federales se enfrentaron en Culiacán, Sinaloa a bandas del crimen organizado por varias horas y finalmente se desistieron de su captura para pacificar la ciudad. Esto ha sido visto como una derrota del Estado México por enfrentar al Cártel del Pacífico.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la miscelánea fiscal 2020 por 300 votos a favor y 127 en contra, fue remitido al Senado para su aprobación. Los ajustes fiscales darán 6 mil millones de pesos más a Hacienda.

Gobernador publica la “Ley Bonilla”, pero dudas sobre los tiempos y la actuación de la Suprema Corte de restan certeza a que echarán para atrás la reforma. Después de que el Congreso local mandó al Ejecutivo la reforma que avala la ampliación de dos a cinco años del próximo periodo de gobierno de Jaime Bonilla, el gobernador publicó la reforma que abre la puerta para que pueda ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia. El Congreso local retrasó la entrega con el pretexto de llevar a cabo una Consulta Ciudadana, que no cumplió con ningún requisito legal, el domingo pasado, y donde ganó la opción de cinco años con 84% de un total de 53,419 ciudadanos que votaron y representa 1.7% del listado nominal. La “Ley Bonilla” no cumple con ningún requisito legal, fue presentada de manera extemporánea, hay precedentes para rechazarla y el TRIFE y el Tribunal Estatal ya la han rechazo en varias ocasiones. Sin embargo, existen dos aspectos que reducen la certeza absoluta de que sea rechazado el cambio constitucional. A) Quedarán menos de catorce días antes de la toma de posesión para tramitarla, analizarla y rechazarla porque si se vota una vez que asuma el poder, los magistrados podrían enfrentar un acto consumado y por lo tanto no hay materia ya para dictar constitucionalidad y se tendría que aceptar el cambio en el periodo, B) Se necesitan ocho Magistrados para realizar la declaratoria de anticonstitucional, pero con la salida de Medina Mora sólo hay siete que podrían rechazarla ya que tres simpatizan con López Obrador y la 4ta Transformación por lo que si Bonilla cuenta con la bendición de López Obrador estos Magistrados podrían votar a favor o entorpecer el trabajo legislativo para que Bonilla tome posesión. Deben de rechazarla pero no hay certeza absoluta.

Morena arrastra los vicios del PRD para elegir a sus autoridades. Probablemente sea imposible cumplir en los plazos de elección de delegados y tenga que utilizar encuestas para elegir a su presidente. Morena debe realizar en octubre y noviembre 300 asambleas distritales para seleccionar a los delegados y los presidentes estatales que durante su Congreso Nacional del 23 y 24 de noviembre elegirán a su próximo presidente nacional. El proceso es complicado porque no existe un padrón que avale quienes son los militantes que pueden participar y votar en las asambleas. En el primer fin de semana de la realización de asambleas 20 fueron canceladas en diferentes estados del país entre conatos de broncas e inclusive sacaron armas de fuego porque no aparecían en el padrón, pero también por luchas internas para elegir al presidente estatal. Parte de los problemas que hundieron la imagen del PRD fueron los conflictos internos para elegir a sus dirigentes lo que llevó a la cancelación de elecciones internas en cuatro ocasiones. Varios candidatos han pedido que se realicen tres encuestas y los perdedores declinen en el Congreso para que sea electo el candidato ganador.